El colapso del transporte en España: leyes climáticas de escaparate sobre infraestructuras del siglo pasado
Tribuna de El Confidencial
Juan Manuel Martinez Mourín
El debate sobre el transporte en España se encuentra en una encrucijada crucial. Frecuentemente, la discusión pública se polariza entre la urgencia de cumplir con los objetivos climáticos y la adopción de tecnologías de vanguardia, como los vehículos autónomos o la gestión del tráfico mediante Inteligencia Artificial. Sin embargo, un modelo de transporte verdaderamente sostenible no puede basarse en un único pilar. El transporte es la columna vertebral de nuestra economía y el garante del acceso a los servicios esenciales. Si la modernización del sector no se aborda desde una perspectiva multidimensional —tecnológica, económica y social—, corremos el riesgo de desarrollar ciudades eficientes en el papel, pero desconectadas de las necesidades reales de su población.
Desde el punto de vista tecnológico, España se enfrenta al reto de la implementación práctica. Las administraciones públicas han establecido por decreto Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en más de 150 municipios, apostando firmemente por la transición hacia el vehículo eléctrico. No obstante, el despliegue de la infraestructura avanza con lentitud debido a trabas burocráticas y regulatorias. La innovación tecnológica es indispensable, pero no debe limitarse al vehículo privado. El verdadero salto cualitativo reside en la digitalización de los servicios masivos: sensorizar las redes ferroviarias, optimizar las flotas de autobuses y coordinar plataformas integradas que hagan del transporte público una alternativa más atractiva y competitiva que el uso del coche particular.
En el plano económico, la viabilidad financiera de esta transición exige un análisis riguroso de su impacto en el ciudadano. Mecanismos de incentivo como el Plan MOVES han impulsado el mercado eléctrico, pero los prolongados plazos para recibir las ayudas limitan su accesibilidad para las rentas medias y bajas. Imponer restricciones de acceso a los núcleos urbanos o plantear peajes en las autovías sin consolidar alternativas viables genera distorsiones económicas gravosas. Según datos de la DGT analizados en estudios de automoción, cerca de un 25% de los turismos en España carece de etiqueta ambiental, a lo que se suma que casi el 60% del parque automovilístico nacional está compuesto por vehículos sin etiqueta o con etiqueta B. La fiscalidad verde debe ser un incentivo para el cambio, no un factor de penalización involuntaria para las familias con menor poder adquisitivo. La inversión pública y la colaboración público-privada deben priorizar la financiación de infraestructuras resilientes y accesibles a largo plazo, garantizando que el coste de la descarbonización se distribuya de manera equitativa.
El verdadero examen de este cambio de paradigma se juega en la cohesión social y territorial. España presenta una realidad dual. Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que el uso del transporte público colectivo sigue una tendencia al alza, registrando incrementos interanuales sólidos que demuestran la alta dependencia ciudadana de estos servicios.
En el transporte de larga distancia peninsular, los informes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible indican que el ferrocarril mantiene una cuota modal superior al 62% frente al modo aéreo. No obstante, este éxito contrasta con las redes de Cercanías de los grandes núcleos urbanos, especialmente Madrid y Barcelona, que experimentan incidencias técnicas recurrentes que afectan diariamente a miles de trabajadores periféricos. Asimismo, la situación de la España vaciada, con regiones que demandan mejoras urgentes en la electrificación y fiabilidad de sus vías ferroviarias o líneas de autobuses interurbanos, evidencia que la movilidad es un derecho fundamental que condiciona el acceso a la sanidad, la educación y el empleo. La reestructuración de rutas o el desmantelamiento de paradas locales aíslan comunidades y aceleran la despoblación.
Es imperativo que los gestores públicos y los representantes políticos adopten una visión global y pragmática de la movilidad. Legislar con éxito requiere descender a la realidad operativa de los andenes de Cercanías, evaluar la capilaridad de las redes interurbanas y comprender las limitaciones financieras de las familias trabajadoras. El papel de la política no debe limitarse a la imposición de normativas restrictivas, sino a la provisión activa de soluciones eficaces. Corresponde a las administraciones planificar un sistema de transporte público robusto, puntual, universal, correctamente dotado de presupuesto y sobre todo seguro, antes de aplicar restricciones que limiten la libertad de movimientos de los ciudadanos.
El transporte es la columna vertebral de nuestra economía y el garante del acceso a los servicios esenciales
En conclusión, el éxito de la movilidad del siglo XXI en España no se medirá únicamente por el porcentaje de reducción de emisiones de carbono o por el volumen de inversión tecnológica, a pesar de lo que nos cuenten los “muy cafeteros” de lo verde. El indicador definitivo será su capacidad para cohesionar el territorio y ofrecer trayectos eficientes, asequibles y dignos para toda la población. Integrar la vanguardia tecnológica con la sostenibilidad económica y la inclusión territorial no es una opción secundaria, sino la única vía real para construir un país conectado y con futuro.
Author: AET
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