El transporte en autobús: ¿por qué cambiar algo que funciona?
La próxima Ley de Movilidad Sostenible supondrá afianzar el derecho básico del acceso al transporte.
Artículo de Rafael Barbadillo, presidente de la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus), socio protector de la Asociación Española del Transporte, publicado en Cinco Días.
Los grupos parlamentarios en el Congreso están dando estos días pasos decisivos para la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible. Para la ciudadanía, la llegada de esta nueva normativa supone afianzar el derecho básico del acceso al transporte. En el caso español, el gran garante de este derecho se configura a través del servicio público de transporte, en el que el autobús destaca como líder silencioso de la movilidad.
Todo es susceptible de mejora y prueba de ello es que la Ley de Movilidad Sostenible propone una necesaria modernización del marco normativo. Pero lo que no tiene cabida es el cuestionamiento del modelo nacional que están haciendo en los últimos meses empresas ajenas al sector que únicamente piensan en la explotación del negocio sin tener en cuenta, en ningún caso, la mejora de la calidad de vida y el acceso a los derechos esenciales del Estado del bienestar, como son la sanidad, el trabajo y la educación, junto con el ocio o el consumo. Estas empresas piden un fin del modelo de transporte público que emana de las leyes bajo las cuales se desarrollan los actuales servicios y proponen una ruptura normativa que eliminaría la herramienta de las licitaciones públicas ganadas. De este modo, buscan embarrar el escenario para convertirlo en un falso debate con el objetivo de acabar con el servicio público del autobús.
La licitación pública constituye una herramienta clave para garantizar la seguridad, la transparencia, la eficiencia y la calidad en la prestación de servicios públicos. En el sector del transporte en autobús, esta cobra una relevancia estratégica, ya que permite ordenar, profesionalizar y modernizar un modelo esencial de movilidad para millones de ciudadanos.
En estas compañías, que no invierten en conductores ni flotas, viven del peaje impuesto a las Administraciones públicas españolas para formar parte del sistema concesional. Para ello, han moldeado el mensaje con una gran inversión en comunicación para hacer ver que ofrecen un nuevo mundo más eficiente y competitivo, cuando en realidad solo buscan un negocio fácil. Y no lo decimos solo desde el sector, sino que también lo hacen los expertos en movilidad y transporte.
Es importante también recordar que la Unión Europea ha puesto en el centro de sus políticas combatir la pobreza de transporte, entendida como la falta de alternativas de movilidad asequibles y accesibles.
Tampoco podemos olvidar que la desregulación de nuestro modelo acabaría con las políticas de promoción y apoyo al transporte público, como los beneficios del Verano Joven, que tan buenos resultados han dado y que han supuesto una gran ayuda para las familias, además contribuir a mejorar la seguridad vial y avanzar hacia una movilidad más sostenible.
En resumidas cuentas, estamos en un frente de lucha importante y el modelo de transporte en autobús de países donde estas empresas operan en situación de libre mercado, como en Reino Unido, ha demostrado ser ineficiente y una regresión desde el punto de vista del interés general.
Por ello, debemos poner en valor el modelo español, que cuenta con un servicio que vertebra el territorio, que garantiza el acceso a una movilidad sostenible y que se basa en la transparencia, la concurrencia y la seguridad jurídica.
Las patronales han dado sobradas muestras de su defensa del modelo concesional, con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible como su principal valedor.
Gracias al sistema concesional, el transporte en autobús en España es la alternativa de movilidad con mayor capacidad para cohesionar el territorio.
Llega a más lugares que cualquier otro modo de transporte y es especialmente útil en corredores con pocos recursos. Es capilar, estable y seguro y su sostenibilidad está en el ADN. Siempre está al servicio del ciudadano, se encuentra donde más se le necesita y allí seguirá estando.