Liberalización ferroviaria en España retrasada hasta 2028
La liberalización de los servicios ferroviarios sujetos a Obligaciones de Servicio Público (OSP) vuelve a posponerse en España. Lo que debía arrancar en 2026 se retrasa ahora hasta el 1 de enero de 2028, justo cuando finaliza la legislatura.
El movimiento no es casual. El calendario elegido permite al Gobierno aplazar el debate sobre la apertura a la competencia y diferir cualquier efecto real hasta después de su mandato. Una decisión que parece responder más a un cálculo político que a un compromiso con la modernización del sistema ferroviario.
La liberalización piloto, limitada al 3% de los servicios de Cercanías y Avant, estaba concebida como un ensayo para introducir la competencia por el mercado, ganar experiencia administrativa y alinear a España con el Cuarto Paquete Ferroviario de la Unión Europea. Su retraso no solo frena este aprendizaje, sino que lanza un mensaje negativo a potenciales operadores y a los usuarios que esperan mejoras en calidad y tarifas.
La CNMC ha advertido en reiteradas ocasiones de la necesidad de avanzar sin más dilaciones y de garantizar reglas de juego claras y transparentes. Mientras tanto, otros países europeos han demostrado que la apertura de los servicios OSP genera beneficios tangibles: mayor oferta, reducción de precios y mejoras en la eficiencia operativa.
Con esta decisión, España vuelve a dejar escapar una oportunidad de avanzar hacia un modelo ferroviario más competitivo, eficiente y orientado al ciudadano. El retraso hasta 2028 no solo cuestiona la voluntad de cumplir con Europa, sino que consolida la sensación de que la liberalización ferroviaria se utiliza como un simple recurso político, en lugar de como una palanca real de transformación.